Aquí los informes sobre el caso de mi madre, Aimara Ochoa, junto con los presupuestos de medicinas y aplicación del tratamiento.
Muchas gracias por tu atención y apoyo.
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domingo, 28 de enero de 2024
lunes, 17 de abril de 2023
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| Los jefes de los poderes públicos reunidos en el acto de apertura del año judicial 2023 |
Un magistrado con 126$ y un rector del CNE con 53$: los sueldos de hambre de los altos jerarcas del Estado venezolano
Los montos de las pensiones que reciben quienes han estado al frente de los poderes Judicial, Electoral y Legislativo están muy lejos de cubrir la cesta básica alimentaria. Peor aún los ministros, que según el titular del Trabajo, apenas ingresan alrededor de 29 dólares al mes
Si se apela al enfoque populista y demagógico, se destacará que esta pensión es 24 veces superior a la que percibe el trabajador promedio de la administración pública venezolana.
Si se intenta un abordaje más equilibrado, se subrayará que al cambio de hoy apenas representa 126 dólares, muy por debajo de lo que se necesitaba en enero para cubrir la cesta básica alimentaria para una familia de cinco personas, calculada en 486,87 dólares por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.
La pensión de un magistrado jubilado del Tribunal Supremo de Justicia asciende a 3.083,10 bolívares (126 dólares) y el total anual de 2022 llegó a 86.326,80 bolívares (3.526 dólares), según la constancia que facilitó un togado retirado y que está firmada por el gerente de Recursos Humanos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Lewis E. Aparicio García.
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| Constancia de pago de un magistrado jubilado |
¿Cuánto representa ese monto en comparación con el ingreso mensual de los activos? “Entiendo que los activos ganan un poco más, pero no sé cuánto”, responde uno. Otro agrega: “Sueldo base más bono de 500-700 dólares para los activos, solo sueldo base para los jubilados”. Este sueldo base estaría levemente por debajo del que registran en promedio los obreros y operarios del sector privado: 127 dólares, según un estudio publicado en enero por el Observatorio Venezolano de Finanzas.
La tentación
Al ofrecer detalles acerca del nuevo escándalo de corrupción que estalló en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y el Poder Judicial, el fiscal general Tarek William Saab resaltó que los involucrados ostentaban un “estilo de vida que no corresponde a ningún funcionario”.
Cabe preguntarse: ¿Cuál es el sueldo de los altos jerarcas del Estado y, sobre todo, a qué estilo de vida pueden aspirar con sus ingresos?
“Cuando me jubilé en el año 2002 como juez superior, podía vivir mejor que ahorita. De allá para acá ha sido un barranco permanente. Si así estamos los magistrados, imagínate los jueces, secretarios y alguaciles. Caldo de cultivo para la corrupción”, alerta el magistrado jubilado.
Pobreza irreversible
Muy seguramente Tania D’Amelio no pasó del Consejo Nacional Electoral a la Sala Constitucional del TSJ por razones estrictamente económicas. Sin embargo, en revolución paga más ser magistrado que directivo del CNE.
Un rector retirado enseña su recibo de la primera quincena de marzo: 1.296 bolívares mensuales, al cambio de hoy 53 dólares. “¡Para llorar! Destruido el salario. Imagínate, es el sueldo más alto de la escala”, manifiesta indignado el viejo árbitro.
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| Recibo de pago de un rector jubilado del Consejo Nacional Electoral |
¿Perciben lo mismo quienes hoy están al frente del Poder Electoral? “El CNE es muy similar al TSJ, sueldo base más bonos para los activos y los jubilados solo el sueldo base”, afirma.
Silencio en la Cámara
¿Y qué pasa en la Asamblea Nacional? “Recibo no tengo, pero te puedo adelantar que cobramos 240 bolívares quincenales y un bono del Sistema Patria de 400 dólares para activos y jubilados, que no es salario. Siempre hemos sido los peores pagados porque somos más en número”, refiere uno de los 277 parlamentarios de la Cámara presidida por Jorge Rodríguez.
Un diputado con experiencia en la IV y la V República asevera que el último pago de la pensión que recibió fue de 494 bolívares. “Los activos y algunos retirados que están inscritos en el Sistema Patria reciben bonos”, sostiene. A falta de un soporte que lo valide, de los dos testimonios puede concluirse que la dieta oficial de los legisladores nacionales es de menos de 500 bolívares al mes, equivalente a 20 dólares.
Otro jubilado añade: “La verdad, lo que me pagan por ahí es tan poco que casi no me doy cuenta. Con Jorge Rodríguez ha mejorado un poco, con unos bonos que no son fijos. Depositan en el Sistema Patria. Pero no hay recibo, depositan directamente en la cuenta que cada uno tiene registrada a tal fin en Banesco o en el Banco de Venezuela”.
La quiebra
Precisamente del Parlamento surgió la última iniciativa que buscó transparentar los sueldos de los jerarcas del Estado: la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarías del Poder Público, promulgada el 12 de enero de 2011.
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| Saab ha investigado 31 tramas de corrupción en Pdvsa |
El artículo 8 de la norma establecía “el monto equivalente a doce salarios mínimos como límite máximo de emolumentos mensuales” para las cabezas de los poderes de la República y también el Procurador, el jefe del Distrito Capital y los directores del Banco Central de Venezuela (BCV).
Para el momento de la publicación del texto legal, el salario mínimo se ubicaba en 1.548,51 bolívares, 360 dólares al cambio oficial de 4,30. Seis años después, el 14 de agosto de 2017, la Sala Constitucional del TSJ derogó la ley en una ponencia del magistrado Juan José Mendoza Jover.
Mendoza Jover señaló, entre otras cosas, que la ley “condujo a una clara depresión de los montos de las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado, transgrediéndose la intangibilidad de los beneficios salariales, los principios de progresividad e irretroactividad de la ley, así como los principios de racionalidad y proporcionalidad, lo que conllevó a una pérdida sustancial en la calidad de vida” de los afectados.
Cuando el TSJ eliminó la norma, el salario mínimo estaba en 97.531,56 bolívares y el control de cambio -ya en franca descomposición- ofrecía diversas tasas. Si se toma como referencia la mayor de la época, el salario mínimo equivalía a 37 dólares. De continuar vigente la ley, hoy los máximos responsables de la República cobrarían 1.560 bolívares, es decir, 63 dólares.
Ministerio de la inanición
Al ser preguntado en Globovisión sobre cuánto gana un ministro, el titular del Trabajo, Francisco Torrealba, contestó: “Ahora mismo no sé cuánto gana un ministro, no sé cuánto es mi sueldo, yo no cobro por ministro, cobro por trabajador del Metro de Caracas, pero los ministros deben estar ganando por el orden de los 700 y tantos bolívares digitales (...) Los ministros tienen algún nivel de consideración, por ejemplo, tienen un vehículo asignado, tienen cubiertos los gastos de su alimentación, etc”.
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| Torrealba dice que no cobra por ministro sino por el Metro |
Según Torrealba, cuya respuesta no se distinguió por la precisión, los miembros del gabinete ejecutivo perciben alrededor de 29 dólares como sueldo base. De ser cierto este número -el propio ministro del Trabajo reconoció que no tenía claro el monto total-, se necesitaría el ingreso mensual de 17 ministros para cubrir la cesta básica alimentaria de una familia de cinco personas en el país.
Con estos sueldos en un país sometido a una permanente inflación y devaluación de la moneda, ¿qué estilo de vida podrían llevar los altos jerarcas del Estado? “¿Qué te parece? Esos 3 mil bolívares es lo que gana un magistrado jubilado con más de 35 años ininterrumpidos. ¡Ahora imagínate de ahí para abajo!”, exclama la fuente al referirse a la cantidad mensual que percibe tras dedicar su vida al sistema de justicia venezolano.
En la misma línea del juez, el rector retirado sentencia: “Esto no es casualidad, es uno de los elementos que ha contribuido al socavamiento institucional en Venezuela”.
Publicado en Transparencia Venezuela y La Gran Aldea.
martes, 2 de febrero de 2021
Héctor Rodríguez habla como opositor y Ocariz puntea en las encuestas: arranca la pelea por Miranda
El debate sobre el presunto intento de “dividir” al estado Miranda enciende la campaña por la gobernación. La denuncia sobre el supuesto plan para desmembrar a la entidad ha hecho que el mandatario chavista, Héctor Rodríguez, prácticamente termine asumiendo el discurso de la oposición, mientras ya se publican encuestas que vaticinan su derrota en los futuros comicios regionales.
“A Miranda nadie la divide, cualquier postura individual no contará con nuestro apoyo y no sucederá”, declaró Rodríguez a través de un video que colgó en Twitter para desmentir los “rumores de dividir Miranda”.
Al estado #Miranda nadie lo divide. Siempre seré un defensor de la unidad de Miranda, así que seguimos trabajando, codo a codo con nuestra gente, para que cada día estemos más orgullosos de nuestra tierra y de lo que ella nos brinda para nuestro bienestar y futuro. #28Ene pic.twitter.com/IJDPJM6nQ1
— Héctor Rodríguez C. (@HectoRodriguez) January 28, 2021
“Los rumores” en cuestión tienen su origen en la propuesta que expuso Jacqueline Faria de llevar al Parlamento chavista una ley para que el Gobierno del Distrito Capital (GDC) abarque los cinco municipios del área metropolitana de Caracas. Al momento de presentar esta iniciativa, Faria estaba al frente del GDC, pero este jueves 28 de enero Nicolás Maduro decidió reemplazarla por el exconcejal Nahum Jephte Fernández Molina.
#EnVideo 📹 | Jefa de Gobierno del Dtto. Capital, @JackieCPSUV: Llevaremos otra vez a la discusión de la AN que el Gobierno del Distrito Capital abarque los cinco municipios del Área Metropolitana de Caracas#CuídateDelCovid19 pic.twitter.com/Fqwi4XiuWD
— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 4, 2021
No queda claro si el cambio entierra definitivamente la “postura individual” censurada por Rodríguez. Lo cierto es que lejos de argumentar a favor de la idea o de explicarla en detalle, el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) adoptó una línea crítica similar a la enarbolada por Carlos Ocariz y David Uzcátegui, sus principales contrincantes.
Cuesta arriba
La firma More Consulting realizó una encuesta en el mes de diciembre para medir el sentir de los habitantes de Miranda. El cuadro general muestra que 24,1% se declara chavista, 31,4% se identifica con la oposición y 44,5% no se inscribe en ninguno de los dos bandos.
El sondeo arroja que la mayoría de los mirandinos (50,2%) tiene una opinión desfavorable de Rodríguez, castigado especialmente por opositores (86,2%) y no alineados (44,3%), y en menor medida por sus correligionarios (14,3%).
El juicio favorable alcanza 26,1%, soportado básicamente por los chavistas (71,5%) y casi dos de cada diez “ni-ni” (17,1%). El restante 23,6% prefirió no desvelar su opinión.
La gestión tiene una peor valoración, según el mismo estudio. La reprobación del desempeño del gobernador asciende a 61,9%, impulsada por el rechazo de opositores (91,2%) y no alienados (67%). La aprobación llega a 32,6%, gracias al aval de sus copartidarios (84,8%), y 5,5% de los consultados no fijó posición.
Los aspirantes
“De los dirigentes políticos de la oposición en el estado Miranda, ¿a quién preferiría usted como candidato de la oposición para la gobernación del estado?”, preguntó More Consulting a los entrevistados. La lista la encabeza el dirigente de Primero Justicia, Carlos Ocariz, con 19,5% escoltado por su compañero Henrique Capriles Radonski (7,8%), el exgobernador Enrique Mendoza (5,5) y el antiguo concejal de Baruta, David Uzcátegui (4,6%).
Sacando del juego a Capriles Radonski, quien no está en carrera, midieron a los tres aspirantes solo entre los entrevistados identificados como opositores que manifiestan su disposición a votar, y eliminando de la muestra a los indecisos. Allí Ocariz obtuvo 63,5% de apoyo, muy por encima de Mendoza (18,7%) y Uzcátegui (17,8%).Los #VallesDelTuy defendiendo la integridad de nuestro estado y exigiendo condiciones electorales justas.
— Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) January 29, 2021
Hoy recorrimos las calles de Santa Lucía, Santa Teresa y Yare junto a los vecinos y compañeros de los partidos políticos. #MirandaEsUnaSola pic.twitter.com/VH5GgpjCef
En un cara a cara entre Ocariz y Uzcátegui bajo idénticas condiciones -eliminando a los indecisos y solo contando a opositores con intención de votar-, el exalcalde del municipio Sucre alcanza 77% y Uzcátegui 23%.
A Ocariz le favorecería el recuerdo de su gestión en Petare, según el sondeo: 53,9% la califica positivamente, 24,7% como negativa y 21,3% no lo evaluó. Entre quienes aplauden su legado como regidor, 19,1% son chavistas, 82,5% opositores y 52,6% no alineados.A mis hermanos alcaldes, esta lucha representa también a cada ciudadano de Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre.
— David Uzcátegui (@DavidUzcategui) January 28, 2021
Tenemos el compromiso y seguiremos trabajando juntos codo a codo para lograr el estado Miranda que soñamos.
Libre, inclusivo y de progreso para todos.#28Enero pic.twitter.com/IdGpGHYQRz
En esta esquina…
More Consulting puso sobre la mesa las opciones de Ocariz y Rodríguez. Luego de filtrar la muestra para extraer a quienes no están convencidos de votar y los indecisos, el aspirante de PJ obtiene 61,9% de respaldo y el actual gobernador solo 38,1%.
Consultados directamente sobre si desean que Rodríguez siga en su despacho, 63,5% dijo no y 31,4% sí. De nuevo, el repudio de opositores (92,7%) y no alienados (68,6%) marca la diferencia, a pesar de que la base chavista (81%) apuesta por la continuidad.
Aunque no lo haya manifestado abiertamente, Ocariz está en campaña por la gobernación. Sin embargo, ni Juan Guaidó ni el G4 (Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular) han anunciado si participarán o insistirán con la abstención.
¿Qué tan dispuesto estarían los mirandinos a votar en unas elecciones para escoger al gobernador del estado si Guaidó y el G4 deciden no presentar candidatos? Según la encuesta, 38,8% está totalmente dispuesto, 10,1% algo dispuesto, 11% poco dispuesto, 36,2% nada dispuesto y 3,9% guarda silencio.
De ese 38,8% que dice estar totalmente dispuesto, 73,3% son chavistas, 41,3% no alineados y 21,9% opositores. Por el contrario, en este escenario la mayoría de los “nada dispuestos a votar” son opositores (56,2%), casi parejos con los no alineados (52,6%), mientras que los chavistas apenas suman 10,5%. En síntesis: si el liderazgo de la oposición no se inscribe en la pelea, sus simpatizantes retroceden y despejan el camino a la reelección del PSUV.
Falta mucho
A esta hora nadie sabe cuándo serán los comicios regionales. Sin tiempo que perder, el mandatario regional mueve sus fichas. En un mensaje enviado a su estructura política, ordenaba desplegar “todo el gobierno y todo el partido” para apuntalar su campaña.
“Que se sienta el despliegue con fuerza", demandó el gobernador mirandino a sus colaboradores para que se activen “clínicas móviles, ayudas sociales, distribución del CLAP, jornadas de limpieza, inspecciones, etc.”. El objetivo es claro: “Todo lo que hagamos debemos hacerlo de forma que acumulemos fuerza para las elecciones, así que debe tener el máximo impacto”.
De acuerdo con el estudio de More Consulting, el abanderado de Primero Justicia parte con ventaja. Sin embargo, lo mismo afirmaban las encuestas en 2017 y al final Ocariz fue uno de los grandes protagonistas de la debacle sufrida por la oposición en las elecciones de ese año. Una derrota que fundió a la extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y tiñó el mapa de rojo.
Esto apenas comienza.
Datos metodológicos de la encuesta:
jueves, 2 de abril de 2020
El régimen chavista se sienta cómodamente sobre las bayonetas de su FANB
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| Nicolás Maduro ha atornillado a Vladimir Padrino López en el Ministerio de Defensa |
La revolución chavista nació en los cuarteles venezolanos y hoy tiene en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a uno de sus principales puntales para sostenerse en el poder. Cuatro patas tiene la mesa de la alianza cívico-militar, impulsada por Hugo Chávez y continuada por Nicolás Maduro: la partidización de la FANB, la presencia de oficiales en el tren Ejecutivo, la creación de un entramado empresarial castrense y la corrupción desmedida.
A través de modificaciones constitucionales y legales, el oficialismo ha ido diseñando una FANB a la medida de sus intereses políticos. La Carta Magna de 1999, promovida por Chávez, reconoce a los militares activos el derecho al sufragio e incluye entre los objetivos de la institución “la participación activa en el desarrollo nacional”.
A través de modificaciones constitucionales y legales, el oficialismo ha ido diseñando una FANB a la medida de sus intereses políticos. La Carta Magna de 1999, promovida por Chávez, reconoce a los militares activos el derecho al sufragio e incluye entre los objetivos de la institución “la participación activa en el desarrollo nacional”.
El texto fundamental sienta las bases de la alianza cívico-militar al establecer en el artículo 326 que “la seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil”, agregando que ese “principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar”.
El fracasado proyecto de reforma de la Constitución, rechazado por la mayoría de los venezolanos en 2007, profundizaba la partidización de los cuarteles. Se transformaba el nombre de la institución -añadiendo el término Bolivariana- y se le describía como “un cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperialista”. Igualmente, reivindicaba “su participación activa en planes para el desarrollo económico, social, científico y tecnológico de la nación”.
La propuesta redactada por el oficialismo no solo alteraba la denominación de la FANB, sino que sacudía su estructura al incorporar como quinto componente -junto con el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional- a la Milicia Nacional Bolivariana, una fuerza conformada básicamente por militantes del chavismo.
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| Chávez se encargó de diseñar una Fuerza Armada a la medida de su proyecto político |
Pese a que los venezolanos rechazaron la iniciativa que se sometió a referendo, Chávez y Maduro introdujeron todos esos elementos y otros más por medio de cambios legales. La presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, señala que la Ley Orgánica de la FANB ha sufrido seis reformas en 15 años “para divorciarla definitivamente de la Constitución”.
La última modificación fue aprobada el 28 de enero de 2020 por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano declarado írrito e ilegal por el Parlamento venezolano, Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. El texto en cuestión suma a la Milicia Nacional Bolivariana como quinto componente de la FANB, lo define como “especial” y estipula que “depende del Presidente de la República y Comandante en Jefe de la FANB”. Además, apunta que la institución se sustenta en valores antiimperialistas y antioligárquicos.
La última modificación fue aprobada el 28 de enero de 2020 por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano declarado írrito e ilegal por el Parlamento venezolano, Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. El texto en cuestión suma a la Milicia Nacional Bolivariana como quinto componente de la FANB, lo define como “especial” y estipula que “depende del Presidente de la República y Comandante en Jefe de la FANB”. Además, apunta que la institución se sustenta en valores antiimperialistas y antioligárquicos.
Verde y rojo
Más que militares, militantes. La cúpula castrense no disimula su simpatía por el proyecto chavista. Muy por el contrario, la exhibe a los cuatro vientos. “¡Soldado bolivariano, decidido y convencido de seguir construyendo la patria socialista!”, se presenta en Twitter el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, mientras que el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, almirante Remigio Ceballos Ichaso, proclama en sus redes: “Chávez vive, la patria sigue. Bolivariano, zamorano y socialista”.
Esa lealtad e identificación con el oficialismo se refleja en la composición del Gabinete ejecutivo. La ONG Control Ciudadano resalta que en la actualidad casi un tercio del tren ministerial (29,41%) está en manos de militares. En noviembre de 2017 esa cifra se remontó a 43,75% y desde 2014 el promedio se ubica en 32,68%.
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| La cúpula militar se declara chavista y socialista |
No solo es un tema de cantidad. Altos oficiales de la FANB controlan puestos clave en la Administración Pública. El general de la Guardia Nacional Bolivariana, Manuel Quevedo, ocupa el Ministerio de Petróleo y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), corazón de la maltrecha economía venezolana. En estos momentos carteras como Alimentación, Agricultura y Tierra, Interior y Justicia, Desarrollo Minero Ecológico, Hábitat y Vivienda, y Obras Públicas están bajo la batuta de uniformados.
En julio de 2016, Maduro nombró al responsable de Defensa jefe de la Gran Misión Abastecimiento Seguro para combatir la escasez de alimentos, y dispuso: “Todos los ministros y ministras, todas las instituciones del Estado quedan bajo el orden y la subordinación absoluta del Comando Nacional de la Gran Misión Abastecimiento Seguro, bajo el mando del Presidente de la República y bajo el mando del general en jefe, Vladimir Padrino López”.
En julio de 2016, Maduro nombró al responsable de Defensa jefe de la Gran Misión Abastecimiento Seguro para combatir la escasez de alimentos, y dispuso: “Todos los ministros y ministras, todas las instituciones del Estado quedan bajo el orden y la subordinación absoluta del Comando Nacional de la Gran Misión Abastecimiento Seguro, bajo el mando del Presidente de la República y bajo el mando del general en jefe, Vladimir Padrino López”.
Entre 2012 y 2016, 52% de los gobernadores provenía de los cuarteles, según Control Ciudadano. La cifra bajó a 30% para el periodo 2017-2021 con tres antiguos titulares de Defensa: los generales en jefe Jorge Luis García Carneiro y Henry Rangel Silva, y la almiranta Carmen Meléndez Rivas.
Maduro declaró el 11 de diciembre de 2015: “He dado una orden para implementar un plan bien pensado, detallado, para que (los militares) regresen a sus puestos de mando y a filas activas en cada componente, los compañeros que han ido a la Administración Pública a prestar sus servicios a la patria. Es momento de regresar a la fuerza para traer más unión”. Pero hoy la presencia verde oliva no se limita a ministerios y gobernaciones, sino que es visible en todo tipo de organismos y misiones que no tienen nada que ver con su formación y experiencia.
Uniformados C.A.
Al tiempo que avanzan en la estructura del Estado venezolano, se ha ido formando un entramado empresarial que responde directamente a la FANB.
El artículo 25 de la Ley de la FANB aprobada por la Constituyente que encabeza el capitán Diosdado Cabello, aborda el concepto de “zona económica especial militar” en estos términos: “El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, podrá decretar la creación de Zonas Económicas Especiales Militares, definidas como el espacio geográfico donde se identifican y ubican potencialidades, condiciones generales y especiales para realizar actividades productivas endógenas, sustentables y sostenibles dirigidas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en unión cívico militar, con el objeto de satisfacer sus necesidades básicas, contribuir con el fortalecimiento de la industria militar y con el desarrollo nacional, dentro del ámbito de influencia de los Ejes de Desarrollo Económico Estratégico establecido por el Ejecutivo nacional”.
Al instalar en mayo de 2019 una zona económica militar en el estado Aragua, Maduro expresó que “la FANB se convertirá en un poder económico que beneficiará no solo al cuerpo castrense sino al pueblo, incentivando la producción nacional en perfecta unión cívico-militar, al servicio del verdadero desarrollo nacional con la generación de empleos y alimentos”.
Antes de que Chávez asumiera la Presidencia de la República en 1999, tan solo existían seis empresas militares. Ya con la revolución chavista a todo vapor, se crearon otras 13 entre 2005 y 2017, de acuerdo con la ONG Control Ciudadano. Adicionalmente, llega a 20 el número de fundaciones, servicios autónomos, oficinas coordinadoras, institutos y fondos que guardan relación con la FANB.
Ahora los militares tiene un banco (Banfanb), una constructora (Construfanb), una agropecuaria (Agrofanb), un canal de televisión (TVFanb), complejos industriales, corporaciones de transporte, vehículos y tecnología, una empresa de neumáticos, una imprenta (Imprefanb), un fondo de inversión llamado Negro Primero, y la que puede ser la joya de la corona: la Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).
Camimpeg tiene por objeto “todo lo relativo a las actividades lícitas de servicios petroleros, de gas y explotación minera en general”, reseña la Gaceta Oficial del 10 de febrero de 2016. La página web del Ministerio de Defensa dice que pretende “ser una empresa líder de servicios petroleros, gasíferos, y mineros de referencia nacional e internacional, con los más altos estándares para desarrollar el potencial industrial y económico, con base al aprovechamiento óptimo, que ofrecen los recursos naturales estratégicos agotables y no renovables, de manera autónoma, eficiente y responsable”.
De esta manera, Maduro mete de lleno a los militares en el negocio más lucrativo que ofrece Venezuela, cuya suerte cada vez está más atada a las riquezas que esconde su subsuelo.
Patrón del mal
La ONG Transparencia Venezuela afirma que la República Bolivariana se ha convertido en el prototipo de la “gran corrupción”, debido a que en estos 21 años de régimen chavista se han tomado decisiones y aplicado políticas públicas que han propiciado la conformación de un “Estado criminal”.
La investigación ha permitido identificar doce elementos que delinean el patrón de la “gran corrupción”. Uno de ellos es el “control cívico-militar”: “En Venezuela se registra una fuerte presencia de militares en el Estado y en todas las esferas de acción pública. Se encuentran a cargo de empresas propiedad del Estado, gobernaciones, embajadas y ministerios. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas llegó a afirmar, en julio de 2019, que en el país ha aumentado la militarización de las instituciones del Estado. Este grupo ha expandido su participación en los espacios de negocios en los que existe mayor riesgo de corrupción”, advierte Transparencia Venezuela.
El primer gran caso de corrupción que enfrentó el régimen chavista tuvo como protagonistas a altos jerarcas militares con el Plan Bolívar 2000, programa social que se lanzó para combatir la pobreza. A partir de ese momento, prácticamente todos los escándalos provocados por el saqueo al erario público han mezclado dos factores: dólares y charreteras.
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| Cruz Weffer fue señalado por las irregularidades del Plan Bolívar 2000 |
La Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi), quizás el mayor símbolo del desfalco a la nación, fue presidida por el general Manuel Barroso, quien pese a todas las acusaciones en su contra siguió escalando posiciones en la FANB hasta llegar a ser agregado militar de la embajada de Venezuela en Brasil.
La cartera de Alimentación, en el ojo del huracán por denuncias de sobreprecios, pago de comisiones, contrabando y otras irregularidades que habrían costado miles de millones de dólares al país, ha tenido 11 ministros militares desde 2004. En la lista destacan los generales Rodolfo Marco Torres, Carlos Osorio Zambrano y Félix Osorio Guzmán.
Marcos Torres -ex titular de Economía y actual gobernador del estado Aragua- y Osorio Zambrano -presidente de la Corporación Venezolana de Minería-, recibieron una sanción política del Parlamento por las supuestas desviaciones halladas en sus respectivas gestiones. Por su parte, Osorio Guzmán se desempeña como rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y se declara en sus redes “patriota, socialista, humanista, antiimperialista y radicalmente chavista”.
“De los seis presidentes que ha tenido la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), tres han sido militares sin experiencia en el área: el general de división Hipólito Izquierdo, el teniente Jesse Chacón y el mayor general Luis Motta Domínguez. Se han militarizado las plantas eléctricas y aun así el gobierno asegura que las instalaciones han sido víctimas de sabotajes”, cuestiona Transparencia Venezuela. Aquí la corrupción y la ineficiencia han dejado a oscuras a todos los venezolanos, que llevan diez años sufriendo los rigores de la crisis eléctrica.
Sin embargo, tal vez el señalamiento más grave contra la FANB acaba de ser ratificado por la Junta Internacional para el Control de Estupefacientes, ente vinculado con Naciones Unidas, que en su último informe anual revela: “Hay indicios de que, en la República Bolivariana de Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el ‘Cártel de los Soles’ para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales”. El nombre de “Soles” hace referencia a la insignia que portan los generales venezolanos en sus hombros.
“Que nadie se equivoque con la FANB (...) somos los hijos de Chávez”, exclamó Padrino López, también vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, en su saludo de fin de año el 31 de diciembre de 2019. Con su nuevo lema “leales siempre, traidores nunca”, la cúpula militar estrecha sus lazos con el ala civil del chavismo y mantiene a flote a un régimen con el que comparte principios, poder, intereses y negocios.
Publicado en la revista Democratización de la asociación civil Forma
martes, 31 de marzo de 2020
El coronavirus acelera la lucha por el poder entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó
El coronavirus paraliza al mundo, pero no detiene la batalla política en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó no se dan tregua. Cada frente intenta usar la pandemia para sus fines: los unos para terminar de imponer su modelo de dominación. Los otros para conquistar la transición democrática. Ambos intentando propinar el zarpazo final para superar un conflicto que también se extiende sin remedio.
Washington ha establecido desde 2015 una serie de medidas punitivas contra el régimen chavista no solo por su deriva autoritaria, sino por su presunta vinculación con el narcotráfico y organizaciones terroristas. Igualmente, la Unión Europea ha impuesto castigos a 26 dirigentes civiles y militares del oficialismo, entre quienes resalta Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Una sociedad atemorizada y escondida en sus hogares. El Ejército y los cuerpos de seguridad desplegados en las calles. Los medios de comunicación repitiendo el mensaje oficial. Restricciones. Toque de queda. Decretos inapelables. Lejos de ser una enfermedad, la Covid-19 ha significado toda una inyección de fuerza para la revolución chavista.Se levanta en el mundo un gran rechazo al bloqueo y a las sanciones crimínales contra el pueblo venezolano. Senadores norteamericanos, altos funcionarios de las naciones unidas, y los pueblos libres de este continente se suman al clamor por el cese de las agresiones. ¡Basta Ya! pic.twitter.com/3u11VCwRaV— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 29, 2020
Washington ha establecido desde 2015 una serie de medidas punitivas contra el régimen chavista no solo por su deriva autoritaria, sino por su presunta vinculación con el narcotráfico y organizaciones terroristas. Igualmente, la Unión Europea ha impuesto castigos a 26 dirigentes civiles y militares del oficialismo, entre quienes resalta Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Cerca de 60 naciones, encabezadas por Estados Unidos, las potencias europeas y la mayoría de América Latina, consideran que Maduro “usurpa” el poder tras declararse ganador de unos comicios viciados en mayo de 2018, y reconocen al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como el legítimo Presidente encargado de la República Bolivariana.
Today the U.S. presented a framework for a democratic transition as a clear, equitable, and common sense path to end the political crisis in #Venezuela. Economic pressure will continue until Maduro accepts a genuine democratic transition.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 31, 2020
El gobernante chavista difunde abiertamente las teorías de conspiración que atribuyen a la Casa Blanca la creación del coronavirus para atacar a China, al tiempo que acusa y tacha de irresponsables a sus archienemigos regionales, los mandatarios Iván Duque y Jair Bolsonaro, por no contener la pandemia en Colombia y Brasil. Siempre enfatiza que los primeros casos que se registraron en el país, fueron “importados” de Europa, Colombia y Estados Unidos.
Desde el poder ya diseñan la realidad que vendrá una vez se levante la cuarentena. La denominan “normalidad relativa y vigilada”, sin ofrecer mayores detalles. “Normalidad relativa y vigilada, con medidas especiales. La vida no será la misma hasta que aparezcan las vacunas a esta enfermedad”, ha reiterado Maduro, asomando que las limitaciones se prolongarán en el tiempo.
El oficialismo prescinde de voceros técnicos. Nadie sabe el nombre del Ministro de Salud. En su lugar, el portavoz es el titular de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, habitualmente encargado de revelar supuestas conspiraciones y magnicidios. Por estos días, Rodríguez alterna sus denuncias de golpes de Estado con los informes sobre el avance de la Covid-19, siempre aderezados con loas al socialismo y la revolución bolivariana.
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